Nueve funcionarios de EEUU cometen delitos en México
El mundo del narcotráfico y la delincuencia parece no tener límites, y mucho menos en lo que respecta a su influencia en los órganos gubernamentales de Estados Unidos. Recientemente, ha sido descubierto que un agente federal estadounidense, Richard Padilla Cramer, ha estado involucrado en negociaciones para transportar más de 300 kilos de cocaína desde Panamá a España en un barco griego, conocido como el "New York Express". Según un reporte publicado por el diario mexicano Milenio el pasado viernes 17 de febrero, esta operación fue encargada por un cártel del narcotráfico.
Lo más sorprendente de esta noticia es que Padilla trabajó para el Gobierno de Estados Unidos durante 26 años, primero en Arizona y luego en México, especialmente en el consulado norteamericano en Guadalajara, la capital de Jalisco. Informantes confidenciales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) han revelado que Padilla Cramer proporcionó copias de los resultados de varias búsquedas en bases de datos confidenciales de archivos de la dependencia, incluyendo antecedentes penales e información de inmigración. A pesar de estos graves cargos, el agente solo fue sentenciado a pasar 24 meses en prisión.
Pero Padilla Cramer no es el único funcionario delincuente de Estados Unidos. Otro caso preocupante es el de Brian Jeffrey Raymond, un exempleado de la embajada de Washington en México, acusado de drogar y abusar sexualmente de mujeres en una residencia bajo cargo de las instalaciones diplomáticas norteamericanas en la Ciudad de México. Raymond trabajó como primer secretario de la embajada de Estados Unidos en México y su historia salió a la luz pública cuando fue detenido por las autoridades en el barrio capitalino de Polanco, luego de que una de sus víctimas pidiera ayuda desde el balcón del departamento de este hombre.
Ramón Bazán, otro funcionario adscrito a la legación diplomática estadounidense, fue agregado adjunto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México entre 2003 y 2008. El agente Bazán mintió al recomendar a personas que no estaban ligadas a la ATF para que les expidieran visas especiales. Admitió que recomendó a cientos de solicitantes quienes supuestamente irían a visitar las instalaciones caninas de la Agencia en Front Real, Virginia, según se señala en la nota de la reportera Laura Sánchez Ley.
Otros casos son los de George H. Brunner, quien habría aceptado dinero y obsequios a cambio de ayudar a ciudadanos mexicanos a obtener visas de no inmigrante en Ciudad Juárez; Manuel Recio, quien aprovechando los contactos y la información a la que aún tenía acceso, decidió montar su propio negocio, una empresa de consultoría llamada Global Legal Consulting, que brindaba servicios de investigación privada a abogados defensores; Jaime Zapata, acusado de entregar información a narcotraficantes; Leonardo Silva, también de la DEA, quien habría hecho favores a empresarios.
Además de los mencionados, existen otros casos de funcionarios estadounidenses involucrados en actos de corrupción durante su trabajo en México. Estos incluyen a Jaime Zapata, quien fue acusado de entregar información a narcotraficantes; Leonardo Silva, también de la DEA, quien habría hecho favores a empresarios; Jennifer Loya, del Departamento de Justicia, señalada por ayudar a cárteles mexicanos; y Javier Cavazos, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) estadounidense, acusado de recibir sobornos.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y pruebas en su contra, algunos de estos funcionarios han recibido penas leves o incluso han sido liberados sin cargos. La impunidad en estos casos ha sido criticada por diversos sectores y ha alimentado la desconfianza en la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y México en temas de seguridad y cooperación.
En resumen, los casos de corrupción de funcionarios estadounidenses en México no son aislados, sino que representan una problemática sistémica que ha generado críticas y desconfianza en las relaciones entre ambos países. Es importante que se tomen medidas efectivas para prevenir, detectar y sancionar estos actos de corrupción, y así fortalecer la confianza y la cooperación entre ambas naciones en temas de seguridad y justicia.